En los últimos días estamos asistiendo a una oleada de cristianofobia impulsada por ayuntamientos y cargos públicos. Un caso es el del alcalde de Valencia, que ha decidido eliminar los símbolos cristianos del cementerio municipal. Igual ha ocurrido en la residencia de ancianos de Denia (Alicante), donde el Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de desacralizar la capilla católica para convertirla en un “espacio aconfesional”. Por su parte, la alcaldesa de Madrid ha dispuesto que este año no se colocará el Belén en la sede del Ayuntamiento sino en la plaza de Colón porque se trata de un símbolo con el que “no se identifican todos los madrileños”.
Estas actuaciones constituyen un abuso de autoridad en toda regla. En primer lugar, porque los espacios públicos, ciertamente, son de todos. También de los cristianos. Y desde luego no solo de los alcaldes laicistas, sino de los ciudadanos que, hasta hoy, no habían mostrado ninguna aversión hacia las cruces y otros símbolos e imágenes. Es más, en un país de tradición católica, cruces y santos proliferan y no obligan a nadie a creer en ellos, como recordó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el célebre caso Lautsy vs. Italia.
Y por si fuera poco, no estaría de más recordar a nuestras nuevas autoridades municipales que el agnóstico Enrique Tierno Galván se negó a que quitaran el crucifijo de su despacho de la alcaldía de Madrid con esta frase: «Déjenlo, es un símbolo de paz».
La libertad religiosa no es restringir derechos sino ampliarlos en favor de todos sin obligar a nadie y respetando la identidad cultural, las convicciones y las tradiciones de los pueblos, ciudades y naciones.
Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia