● PSOE y Sumar han pactado suprimir el artículo 525 del Código Penal, que sanciona las ofensas a los sentimientos religiosos
● El OLRC ha lanzado una petición en su web pidiendo a los diputados que voten en contra
● "Mienten cuando dicen que el modelo español de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de los países de nuestro entorno”, señala la presidenta del OLRC
● "Las ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales, pero las personas sí son titulares del derecho a la libertad religiosa, que Sánchez y su equipo se empeñan en recortar", señala María García
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) vuelve a recordar al Gobierno que, según un Informe que analiza todos los códigos penales de la Unión Europea, 21 de los 27 Estados de la UE protegen los sentimientos religiosos, después de que estos dos partidos anunciaran un nuevo acuerdo para derogar el artículo 525 del Código Penal. Además, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas, dirigida a los grupos parlamentarios, para frenarlo.
"El Gobierno de Sánchez se empeña en recortar el derecho fundamental a la libertad religiosa", ha denunciado María García, presidenta del OLRC, quien ha desmontado el principal argumento del Ejecutivo: "Mienten cuando dicen que el modelo español de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de los países de nuestro entorno".
García ha recordado que la protección no ampara a las creencias en abstracto, sino a las personas: "Las ideas o creencias no son titulares de derechos fundamentales, pero las personas sí son titulares del derecho a la libertad religiosa". Derogar el artículo 525, advierte, deja desprotegido a un derecho fundamental de millones de ciudadanos.
La presidenta del OLRC ha subrayado, además, el carácter transversal del rechazo: líderes católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, judíos y musulmanes firmaron una declaración conjunta oponiéndose a esta derogación. Por último, García ha enmarcado la reforma en lo que considera un intento del Gobierno de "imponer una religión de Estado laicista beligerante”.
