por Teresa García-Noblejas, secretaria del Observatorio para la Libertad Religiosa
El reciente acto -mal llamado «funeral de Estado»- celebrado en recuerdo de las víctimas de la dana de Valencia, lejos de reflejar la neutralidad del Estado en materia religiosa, ha hecho visible la imposición de una nueva creencia: el laicismo de Estado.
España es un Estado aconfesional, tal como proclama la Constitución Española. Sin embargo, en Valencia -como ya ocurrió en un evento similar por las víctimas del covid- se han eliminado de forma deliberada símbolos, ritos, oraciones y representantes de las diferentes religiones. El objetivo es claro: se trata de expulsar a Dios de la vida pública y relegar las creencias al ámbito de lo privado. Y llenar ese vacío con una liturgia pagana.
La neutralidad del Estado en materia religiosa no implica indiferentismo ni conlleva establecer una nueva pseudo-religión. Significa que el Estado garantiza la libertad religiosa y de culto y colabora con las confesiones. El respeto a ese derecho fundamental y una mínima sensibilidad obliga a las administraciones a conocer la realidad -en este caso, de las víctimas- y a facilitar un acto religioso. El pretexto es que, dado que los fallecidos eran de diferentes confesiones, no podía celebrarse una ceremonia válida para todos.
El argumento es tramposo. Una consulta a las familias podría aclarar cuál era la creencia mayoritaria. Probablemente, la católica. Pero, aún en el caso de que hubiera víctimas de otras iglesias cristianas, o musulmanes o judíos, se podía hacer un acto con presencia de sus representantes y con inclusión de oraciones y símbolos religiosos. No me refiero a una ceremonia sincretista, sino a una celebración civil en la que se pueda rezar un Padrenuestro y -si hay víctimas que profesaban otras creencias- puedan realizar también una oración o lo que consideren oportuno. Desde luego, después de hablarlo con las familias y las instituciones religiosas.
Esta pretensión de implantar el laicismo como religión estatal no es nueva. En los ya lejanos años del Gobierno de Rodríguez Zapatero, se impuso una asignatura obligatoria, Educación para la Ciudadanía. Y se justificó de una forma similar: como estamos en una sociedad plural y cada uno tiene sus valores éticos, vamos a establecer una moral común para todos. Y la vamos a diseñar desde el Gobierno y la vamos a introducir en las escuelas para que todos los niños la aprendan. Naturalmente, una moral sin referencia a Dios ni a valor trascendente alguno.
Con el sistema educativo sucede algo similar. A menudo se dice que la religión no debería impartirse en la escuela pública. Porque la religión es algo “privado “ y la escuela pública debe ser “neutral”. Pero neutralidad no es expulsar el hecho religioso del ámbito público, sino reconocerlo y respetarlo.
La sociedad española es plural, estamos de acuerdo. Pero los políticos no pueden ignorar las convicciones y los sentimientos de los ciudadanos. Y la muerte de un familiar es un hecho crucial para una persona, incluso para las que no practican su religión. No pueden los políticos organizar los duelos prescindiendo de esa realidad y aprovechar para colarnos su ideología.
