El Observatorio para la Libertad Religiosa demuestra que la mayoría de países de la Unión Europea protegen los sentimientos religiosos

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    • PSOE y Sumar han pactado derogar del código penal la protección de los sentimientos religiosos
    • El OLRC acaba de publicar un informe sobre la protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea
    • María García, presidenta del OLRC: “Con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos”
    • La Asociación Profesional para la Magistratura y Juezas y Jueces para la Democracia se niegan a recibir al Observatorio para la Libertad Religiosa

    El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) acaba de publicar el informe titulado “La protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea”.

    En él se puede comprobar que un total de 21 de los 27 estados miembro de la Unión Europea (es decir, todos salvo Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia) sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Además, Grecia castiga la blasfemia.

    Por otra parte, todos los países que tipifican los delitos contra los sentimientos religiosos pueden sancionar estos con penas de prisión.

    Desamparo jurídico

    María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, destaca: “Con este Gobierno, los creyentes son ciudadanos de segunda con menos derechos. A partir de ahora va a salir completamente gratis mofarse de las personas que practican una religión. La libertad religiosa es el único derecho fundamental en el que se pone en duda la persecución de delitos contra ella”.

    “Con este acuerdo, el Ejecutivo se desvía de la protección legal de la mayoría de los países de la Unión Europea. Mientras este Gobierno protege a otros colectivos, deja en el desamparo jurídico a los creyentes”, explica María García.

    “El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado y por ende vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea, reconoce y garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa en su artículo 9, lo cual obliga a todos los Estados firmantes a protegerla”, afirma el Informe “La protección legal de la libertad religiosa en la Unión Europea”.

    Penas más severas

    Como se puede comprobar en dicho documento, tanto Alemania como Bulgaria sancionan los delitos contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos con penas tres veces más severas que España.

    Por su parte, un total de nueve países (Croacia, Chipre, Eslovaquia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía) lo hacen con penas dos veces más severas que España.

    Finalmente, otros nueve países (Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal) sancionan este tipo de los delitos igual que España lo ha hecho hasta ahora.

    Protección en el mundo

    Además, la protección legal de los sentimientos religiosos de los ciudadanos no es exclusiva de la Unión Europea, pues otros códigos penales lo prevén en todo el mundo. Este es el caso de Suiza, Nueva Zelanda, Brasil, Panamá, Paraguay, República Dominicana y El Salvador.

    El Informe recoge también algunos de los últimos ataques a los sentimientos religiosos en España en los últimos meses, como:

    • El robo de crucifijos en 20 cementerios de Toledo.
    • Las declaraciones del locutor de la Cadena Ser Héctor de Miguel “Quequé”, en las que pedía “llenar de dinamita la Cruz del Valle de los Caídos para hacerla volar por los aires, preferiblemente en domingo, que hay más gente” y “usar las piedras para lanzarlas a los curas que hayan abusado de algún niño, y si las piedras no son suficientes, volar también la Almudena”.
    • La profanación del sagrario de una iglesia en Barcelona.
    • El ataque a un camposanto en La Coruña, por parte de unos jóvenes que rompieron a patadas los nichos mientras lo grababan y lo difundían por redes sociales.

    El Observatorio para la Libertad Religiosa se reunirá mañana jueves, 18 de julio, con el Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación: Miguel Ángel Aguilar, para presentarle este informe.

    Este Observatorio también ha pedido reunirse con las asociaciones de jueces. Tanto la Juezas y Jueces por la Democracia como la Asociación Profesional para la Magistratura se han negado a reunirse con esta entidad.


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